Combatir la corrupción es siempre una tarea complicada. No solo por el fin en sí, sino por los procedimientos y las personas que están detrás de ellos. 

En el Perú la corrupción es un mal que está arraigado en las estructuras del aparato estatal desde hace décadas. Es parte de los usos y costumbres del Estado que se resisten a desaparecer. Desde una llamada a un alto funcionario para “favorecer” a un amigo hasta un contrato dirigido a dedo. Claros ejemplos que cada cierto tiempo vemos.

Intentos por luchar contra este mal han habido muchos. Desde el famoso cargo de Zar Anticorrupción creado en el 2001 con el ahora congresista Martín Belaunde Moreyra a la cabeza, pasando por la famosa y efímera Oficina Nacional Anticorrupción a cargo de la jueza Carolina Lizárraga (duró 10 meses entre 2007 y 2008 durante el Gobierno aprista) hasta finalmente la Procuraduría General para casos de Corrupción creada por el Gobierno de Ollanta Humala y con varios cambios de cabeza a la fecha.

Si por intentos fuera, el Perú estaría en los primeros lugares en lucha contra la corrupción. El problema es que el mal está tan arraigado en la estructura estatal que es complicado erradicarlo en poco tiempo. Y esto tiene que ver con una ausencia de políticas profundas y permanentes en el tiempo, y a su vez una falta de actitud firme en nuestras autoridades. En gran parte, todo ha quedado en lo declarativo, con acciones motivadas por la coyuntura política.

Tal vez hubiera sido mejor comenzar por casa y no por casos que sean lejanos a uno. Nuestros Gobernantes siempre han evadido denuncias que les tocaban de refilón. El Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto ha marcado una línea interesante a raíz de las denuncias por malos manejos contra él, su esposa y su secretario de Hacienda. Ha pedido una investigación pública y supervisada por un grupo de expertos nacionales e internacionales con la finalidad de garantizar la neutralidad. Entre sus otras medidas, destaca la obligación que tendrán los funcionarios estatales de presentar una declaración de conflicto de intereses.

Gestos que van más allá de lo declarativo. Se destaca la independencia y la transparencia de esta medida que viene de un país que al igual que el Perú tiene usos y costumbres sobre corrupción muy arraigados en el aparato estatal. ¿Seremos capaces de imitarlos?