“Me dijeron que tenía que desaprobar a una persona que postulaba por el CAS para favorecer a un trabajador” me confesó un amigo funcionario de una institución pública hace unos meses. Mi amigo tenía apenas dos semanas en dicha institución y se encontró con ese sorpresivo pedido que resumo en el siguiente diálogo:

- A: “Pero, ¿cómo es eso de desaprobar a alguien?

- B: “Bueno, la idea es que tú y todo el jurado desapruebe a esa persona porque si no se perjudicará a un trabajador que se olvidó de formalizar su situación a través del CAS”.

- A: “¿Que yo y todo el jurado jalemos a esa persona?, ¿y qué pasa si esa persona es un buen profesional?”

- B: “Igual, tienen que jalarla”

Mi amigo no pudo desaprobar a la persona evaluada. Tenía una buena trayectoria según su CV. Ningún integrante del jurado la jaló. Es más, la aprobaron con un promedio de 16. Lo que vino después fue peor cuando todos los integrantes del jurado recibieron la “orden” de modificar sus calificaciones para “jalar” a esa postulante y favorecer al trabajador que se olvidó de postular al CAS. Es decir, se trataba en otras palabras de favorecer al que no cumplió y perjudicar al que cumplió.

Fue una pequeña muestra de cómo es el sector público pese a sus avances de modernización. Instituciones que se manejan informalmente para “acomodar” un concurso CAS y favorecer a sus trabajadores cuando se supone que la lógica de estos concursos es convocar a los mejores profesionales que se encuentran en el país. No por algo este tipo de convocatorias es público.

Procesos informales que se resumen en favores de este tipo y que algunos lo practican con normalidad. Favores que se logran también con una llamada, con una carta o con un correo electrónico. Conversaciones que pueden sonar amicales pero en el fondo tienen un objetivo: evadir el proceso formal.

Lo que ocurre con Martín Belaúnde Lossio y sus influencias en el poder es una confirmación de este tipo de prácticas. La mala intención de unos o la falta de conocimiento e inocencia de otros provocan que se caiga reiteradamente en este error en el aparato estatal. Muy pocos lo denuncian o lo hacen público y ocurre desde hace años. Lo formal resulta a veces tedioso y no hay mejor forma que evitarse ese trabajo recurriendo a un amigo con influencias o modificando “por lo bajo” un concurso público. Una ayudadita nunca está demás. Y si eso lo trasladamos a la nuestra sociedad, es normal ver "colarse" para ingresar a un concierto o buscar a un "tramitador" para conseguir un documento.

Si no queremos repetir más episodios como los de Martín Belaúnde Lossio en este Gobierno, los de Fortunato Canaán en el último Gobierno aprista o los dirigidos concursos CAS entonces comencemos por capacitar mejor a los funcionarios públicos, a preparar si es posible una nueva clase de funcionarios estatales y sobre todo a aplicar correctamente la famosa ley Servir. Es un reto para comenzar a trabajar ya. De lo contrario, todos los Gobiernos estarán siempre enfrentándose a esos lobbies bajo la mesa, con el riesgo que les explote en la cara.